Anteproyecto de ley de protección de la vida concebido y de los derechos de la mujer embarazada que el Gobierno ha presentado.

El anteproyecto presenta muchas mejoras frente a la ley de 2010. Pero al mismo tiempo plantea unas carencias enormes, fundamentalmente que se mantiene el coladero de la ley del 85. Te adelanto algunas de las cosas que hemos encontrado hasta ahora.

Estas son las mejoras que hemos detectado tras una primera lectura del anteproyecto:

• El Estado debe de proteger la vida del concebido y no nacido.
• Matar a un niño antes de nacer vuelve a ser un delito, no un derecho.
• Se acaba con el aborto eugenésico, aunque sea sólo formalmente, jurídicamente.
• A la mujer se le va a ofrecer verbalmente asesoramiento asistencial e información clínica sobre el aborto, y se le exige firmar un consentimiento informado.
• Las empresas abortistas no se podrás anunciar.
• Las menores de edad necesitan del consentimiento paterno para abortar. O alternativamente la decisión de un Juez.
• Tienen que ser psiquiatras (médicos), no psicólogos, los que emiten el informe para el aborto por riesgo para la salud psíquica de la madre.
• Se acaba con toda la influencia de la Ley Aído en la educación.
• La industria abortista está muy preocupada, porque puede la nueva ley podría afectar a su negocio. Y la ley de amnistía de Zapatero del 2010 queda derogada: pueden volver a la cárcel.

Y estos son los graves problemas de la nueva ley que plantea el Gobierno:

• No se establece un sistema de apoyo a la mujer embarazada con dotación presupuestaria. Junto con la protección penal del derecho a la vida, si queremos reducir el número de abortos necesitamos que la sociedad y las administraciones ofrezcan salidas a las mujeres que se encuentran con un embarazo inesperado.
• Se mantiene la financiación pública del aborto, al que se considera como una "prestación sanitaria” y un "servicio asistencial del Sistema Nacional de Salud”. Esto es incongruente con la filosofía de la nueva ley, que incluso prohíbe que los centros abortistas se anuncien. El Estado seguiría pagando, con nuestro dinero, a la industria que se lucra cobrando por matar, de una forma cruel y violenta, a seres humanos.
• Se recupera el coladero de la ley de 1985: el aborto por "riesgo para la salud psíquica de la madre”... y no se establecen controles suficientes para que ese supuesto se convierta en un coladero que permita que cada año se siga matando a 120.000 niños y niñas por aborto en fraude de ley.

Pero lo que se aprobó en el Consejo de Ministro no es una ley, ni siquiera un proyecto de ley. Es un anteproyecto de ley, que ahora va a los órganos consultivos del Gobierno y que irá al Congreso y al Senado para su tramitación parlamentaria.